El Gobierno de México anunció una reforma clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado. Esta modificación tiene como objetivo frenar el uso de prestanombres, una práctica común en esquemas de lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los prestanombres representan uno de los mayores desafíos para rastrear el origen de los recursos ilícitos, ya que permiten ocultar a los verdaderos beneficiarios de bienes y operaciones financieras. Con esta reforma, las autoridades podrán exigir la identificación del beneficiario final en todo tipo de actos jurídicos y financieros.
Además, se endurecen las sanciones administrativas y penales para personas y empresas que simulen operaciones o que se presten a ocultar identidades en la tenencia de bienes, cuentas bancarias o activos. La reforma también contempla una mayor coordinación con el SAT, notarios y registros públicos para detectar irregularidades en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes es la creación de un registro nacional de beneficiarios finales, donde se deberán inscribir las personas físicas que, directa o indirectamente, controlen o se beneficien de una empresa, fideicomiso u operación financiera.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para alinear la legislación mexicana con estándares internacionales en materia de transparencia y combate al lavado de dinero. También responden a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que recientemente evaluó el desempeño de México en esta materia.
Con esta reforma, el país busca reducir significativamente los riesgos de que su sistema financiero sea utilizado con fines ilícitos y aumentar la confianza de inversores nacionales e internacionales.
