En el encuentro clave del Encuentro Nacional por el Aborto Legal y Seguro en México, setenta colectivos feministas han lanzado una declaración política que resuena con urgencia en medio de los retrocesos democráticos en varios estados del país.
Estos retrocesos, lamentos profundos de la democracia, no solo profundizan la desigualdad, sino que también erigen obstáculos significativos para la garantía de los derechos humanos, excluyendo a comunidades diversas, desde mujeres hasta personas trans, no binaries, intersexuales, género fluido, agénero, personas trans masculinas y otras con la capacidad de gestar.
A pesar de los hitos previos en los derechos sexuales y reproductivos, como la despenalización del aborto en varias entidades federativas y sentencias positivas de la Suprema Corte, hoy nos enfrentamos a desafíos cruciales.
Los colectivos reconocen la urgencia de implementar estrategias integrales para avanzar en la despenalización y acceso seguro al aborto, abogando por enfoques legales, judiciales y de acompañamiento. Su mensaje es claro: la legalización no debe ser un gesto simbólico, sino un proceso sostenible que asegure la libertad de decisión sobre el propio cuerpo.
A quienes buscan cargos públicos, les hacen un llamado a comprometerse a:
– Dejar de usar el derecho penal para decidir quién, en qué condiciones y cuándo puede acceder a un aborto legal y seguro, abandonando modelos restrictivos para eliminar la posibilidad de criminalización.
– Asignar presupuestos adecuados, a nivel federal y local, para garantizar servicios de salud de calidad, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan acceder a servicios oportunos.
– Asegurar el abastecimiento de medicamentos e insumos necesarios para abortos seguros en el sistema de salud pública, eliminando barreras que obstruyen el acceso a medicamentos como el misoprostol y la mifepristona.
– Garantizar acceso integral a servicios de salud reproductiva, considerando la diversidad de las personas.
– Capacitar y sensibilizar para que la objeción de conciencia no obstaculice el acceso a servicios de salud reproductiva.
– Asegurar Educación Integral en Sexualidades (EIS) para todas las personas, con un enfoque especial en infancias, adolescencias y juventudes.
– Armonizar marcos normativos en todas las entidades federativas, eliminando el tipo penal y abordando el aborto como un asunto de salud pública.
El llamado de estos colectivos resuena en la clase política mexicana, instándolos a comprometerse con la democracia, la justicia y la laicidad para garantizar derechos reproductivos y acceso efectivo al aborto seguro. Refrendan su compromiso inquebrantable con la igualdad, la justicia y la autonomía sobre sus cuerpos.
