La corrupción que prevalece en Quintana Roo lo coloca en una posición poco envidiable en comparación con otras entidades federativas. Esta situación demanda una transición de las palabras a la acción para combatir la impunidad, resultado de gobiernos negligentes que han favorecido la complicidad institucional, debido a la falta de voluntad política para abordar este fenómeno pernicioso.
Estas declaraciones provienen de la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo, Alma Gabriela Arroyo Angulo, al presentar su informe anual de labores ante el Congreso local este martes. En su informe, reveló que el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en la prevalencia de la corrupción, según el último informe del INEGI de 2021.
El informe del INEGI señala que más de 20,000 habitantes del estado tuvieron contacto con algún servidor público y experimentaron al menos un acto de corrupción. Además, la tasa de incidencia sitúa a Quintana Roo en una posición preocupante, muy por encima de la media nacional y ocupando el lugar número 27 entre las 32 entidades del país. La compareciente añadió que la percepción ciudadana sobre la frecuencia de actos de corrupción también supera las cifras registradas dentro de la media nacional.
A pesar de este panorama desafiante, Arroyo Angulo sostuvo que el Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo ya cuenta con su estructura completa, reflejando la voluntad de las autoridades para abordar este asunto. Esto se evidencia en el hecho de que Quintana Roo fue la cuarta entidad a nivel nacional en publicar su Política Estatal Anticorrupción en el año 2020, el primer estado en aprobar y publicar su Programa de Implementación en 2022, y uno de los seis estados que ya cuenta con su Anexo Transversal Anticorrupción.
