Los retrasos en los pagos se han convertido en uno de los principales frenos para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en México. Hoy, casi tres de cada diez pymes deben esperar hasta 90 días para cobrar, una carga que afecta liquidez, operación diaria y capacidad de inversión. Para negocios que dependen del flujo constante, ese lapso puede significar desde endeudamiento innecesario hasta detener proyectos clave.
Liquidez bajo presión
La espera prolongada provoca que muchas empresas tengan que recurrir a créditos de corto plazo con tasas elevadas, solo para cubrir nómina, insumos o servicios básicos. Ese costo financiero adicional termina erosionando los márgenes y limita la posibilidad de reinvertir en crecimiento o tecnología.
Cadena productiva desbalanceada
El problema no surge únicamente de clientes morosos: también responde a prácticas extendidas en grandes corporativos que imponen plazos largos a proveedores más pequeños. Esta dinámica genera una relación desigual que obliga a las pymes a financiar, en la práctica, las operaciones de empresas más grandes.
Impacto en competitividad
Cuando el capital tarda en regresar, las pymes pierden velocidad. Reducen inventarios, limitan contrataciones y posponen expansiones. En un entorno competitivo, esa falta de agilidad se traduce en menor productividad y en una brecha más amplia frente a compañías con mayor solidez financiera.
El retraso en pagos no es solo un problema administrativo: es un obstáculo estructural que impide a miles de pymes consolidarse y competir en igualdad de condiciones. Resolverlo implicaría cambios regulatorios, acuerdos más justos y una cultura empresarial que valore la puntualidad como parte de la eficiencia.
