México enfrenta un obstáculo estructural: aunque muchas mujeres desearían trabajar, 15 de sus 32 estados no ofrecen condiciones adecuadas para que puedan incorporarse, permanecer o acceder a oportunidades con autonomía económica. Esa carencia se refleja en las cifras: millones de mexicanas —muchas viviendo en esos estados— están fuera del mercado laboral, no por decisión individual, sino por barreras sociales, institucionales y de entorno.
El entorno que inhibe su participación incluye falta de infraestructura laboral, desigualdad en la distribución del trabajo de cuidados no remunerado, carencia de servicios de apoyo, brechas educativas y altos niveles de informalidad. En los estados con peor desempeño, trabajar formalmente muchas veces no es opción: la informalidad es la norma, lo que perpetúa la precariedad laboral.
Este contexto no solo limita el desarrollo individual de las mujeres, también representa una pérdida económica significativa para el país: su incorporación al mercado laboral podría elevar el crecimiento estatal y nacional. Pero mientras las condiciones estructurales no mejoren, esos potenciales permanecerán latentes, alimentando inequidades y distorsionando el mercado de empleo.
