La extorsión se ha convertido en uno de los mayores riesgos operativos para las tienditas y pequeños comercios en México. Lejos de ser un delito aislado, es una práctica sistemática que erosiona márgenes, limita la capacidad de inversión y empuja al cierre a miles de negocios familiares. Para un sector que depende de flujo constante y utilidades reducidas, perder una cuarta parte de sus ganancias significa operar al borde de la desaparición.
Un problema que dejó de ser excepcional
Las microtiendas son un blanco frecuente porque tienen liquidez diaria, carecen de mecanismos de protección y operan en zonas donde la presencia institucional es insuficiente. La extorsión ya no se presenta solo como cobro de cuota: también incluye amenazas, «protección obligada», pagos por permitir operar y exigencias ligadas a horarios o proveedores. Para los comercios pequeños, enfrentarlo implica elegir entre pagar para sobrevivir o arriesgarse a represalias.
El impacto económico que no se refleja en estadísticas formales
Las pérdidas por extorsión reducen drásticamente la capacidad de las tienditas para reabastecer inventario, ofrecer mejores precios o invertir en mejoras. Muchas terminan endeudándose para cubrir cuotas, y otras optan por cerrar de forma definitiva. Este fenómeno afecta la economía local: reduce el acceso a productos básicos, elimina fuentes de empleo y debilita cadenas de suministro barriales que sostienen a comunidades enteras.
Un riesgo empresarial que limita la formalización
La inseguridad inhibe la voluntad de formalizar negocios o invertir en ellos. Si un microcomercio paga cuotas ilegales, difícilmente podrá cumplir con impuestos, normativas o procesos de digitalización. La extorsión actúa como un impuesto criminal que compite directamente con el avance económico, perpetuando ciclos de informalidad y vulnerabilidad.
Un problema público con consecuencias privadas
Combatir la extorsión no es responsabilidad exclusiva de los comercios, sino un reto nacional que involucra seguridad pública, regulación, fortalecimiento de capacidades municipales y estrategias de prevención. También requiere facilitar denuncias seguras, promover redes de apoyo comunitario y crear mecanismos que permitan proteger a los negocios sin exponer a sus dueños.
La extorsión no solo reduce ganancias: destruye tejido económico. Mientras las tienditas sigan operando bajo amenazas, México perderá uno de sus pilares comerciales más importantes y una fuente esencial de subsistencia para millones de familias.
