El actual diálogo legislativo en México acerca de la reducción de la jornada laboral marca un hito esperanzador. Una reforma inclusiva y multifacética que garantice a los trabajadores mexicanos un merecido descanso de fin de semana podría generar impactos positivos en varios ámbitos, desde la productividad y competitividad hasta la salud y el bienestar social.
A pesar de los avances recientes en la mejora de las condiciones laborales en México, persiste un desequilibrio preocupante entre las horas dedicadas al trabajo y el tiempo disponible para el ocio y el cuidado personal. Este desbalance se ve exacerbado por los prolongados tiempos de transporte en los núcleos urbanos del país.
Según el Better Life Index de la OCDE, México ostenta el dudoso título de ser el país con el peor equilibrio entre vida personal y laboral. Las largas jornadas laborales, con un promedio de 48 horas semanales, colocan a México como el segundo país de la OCDE con las jornadas más extensas, solo superado por Colombia. Además, México registra la mayor proporción de trabajadores que laboran 60 o más horas por semana.
Estas cifras adquieren mayor relevancia al considerar que México también tiene salarios promedio más bajos dentro de la OCDE, junto con uno de los números más reducidos de días de vacaciones y la menor incidencia de pago por horas extras.
En contraste, la mayoría de los países de la OCDE tienen un límite legal de 40 horas semanales y una jornada promedio de 38 horas. Aquellos con las productividades más altas suelen tener jornadas cercanas a las 35 horas semanales.
La evidencia internacional sugiere que jornadas laborales razonables pueden aumentar el bienestar y la productividad de los trabajadores, mejorar la contratación y retención de personal, y promover la igualdad de género en el empleo, entre otros beneficios. Por otro lado, las jornadas excesivamente largas pueden generar problemas como el ausentismo, riesgos de accidentes laborales, y afectaciones a la salud física y mental de los trabajadores.
En este contexto, los esfuerzos de México por alinearse con los estándares de la OCDE son fundamentales. Sin embargo, es necesario asegurar que la implementación de esta reforma sea gradual y sensible a las necesidades sectoriales, para evitar posibles obstáculos y garantizar su efectividad en la mejora de la productividad, competitividad y bienestar del país.
