La propuesta de reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales ha generado un debate significativo entre el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores. Aunque la iniciativa contempla una implementación gradual hasta 2030, representantes de la iniciativa privada (IP) consideran que esta medida, por sí sola, no es suficiente para garantizar una transición efectiva y equitativa.
La Perspectiva Empresarial
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha señalado que la gradualidad en la implementación es un paso positivo, pero insuficiente. Destaca la necesidad de establecer reglas específicas y flexibles que consideren las realidades de cada sector económico. Particularmente, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) podrían enfrentar desafíos significativos debido a su limitada capacidad para absorber los costos adicionales que implicaría la reducción de la jornada laboral.
Mesas de Diálogo: Un Espacio para la Construcción de Consensos
El 2 de junio de 2025 se iniciarán mesas de diálogo entre el gobierno, empresarios y sindicatos, con el objetivo de discutir la implementación de la jornada laboral de 40 horas. Estas mesas buscan analizar las particularidades de cada sector y encontrar fórmulas que permitan una transición que no afecte la competitividad de las empresas ni el bienestar de los trabajadores.
Flexibilización y Productividad: Claves para una Transición Exitosa
La IP propone que, además de la reducción de horas, se consideren esquemas de flexibilización laboral que permitan adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa y sector. Asimismo, se enfatiza la importancia de incrementar la productividad como una estrategia para mitigar los posibles impactos económicos de la reforma.
La reducción de la jornada laboral en México representa un avance hacia mejores condiciones laborales. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de todos los actores involucrados para establecer un marco normativo que considere las diversas realidades del tejido empresarial y laboral del país. La colaboración y el diálogo serán esenciales para lograr una implementación que beneficie tanto a trabajadores como a empleadores.
