El pasado 12 de noviembre, el presidente de México anuncia que ha emitido una iniciativa de reforma a las leyes, que por un lado, regulan la subcontratación de servicios de tercerización – mejor conocida como outsourcing – y por el otro, otras que le dan efectos fiscales a dichas actividades, tales como el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación; el objetivo es terminar con las actividades de las empresas dedicadas a prestar dichos servicios de outsourcing, que socavan las finanzas públicas desde una disminución real del pago de todos los impuestos que le son relativos, así como también la fractura que provocó que los trabajadores vieran reducidas sus prestaciones y derechos laborales.
El segundo objetivo era que se aprobaría en el parlamento el mes de diciembre y su aplicación iniciaría con efectos fast track el 1º de enero de 2021, sin embargo, la iniciativa privada, con representación en las diferentes cámaras del país, solicitaron fueran escuchadas y participasen en parlamento abierto, pues la iniciativa representaría una grave situación económica a las empresas mexicanas; así sucedió, las cámaras y diferentes asociaciones de representación de trabajadores fueron escuchadas y la inicitiva continúo como si nada hubiese cambiado.
Ante la preocupación de las cámaras, nuevamente hubo reuniones – en esta ocasión de carácter privado – y el presidente estuvo de acuerdo en que el dictamen se aplazara a febrero de 2021, mientras tanto solicitó que durante este periodo, los trabajadores ya fueran trasladados laboralmente a las empresas contratantes donde se encuentran las fuentes de trabajo reales, es decir, con sus verdaderos empleadores.
Los puntos relevantes que quedarían a ser analizados y discutidos, fueron los relativos a la participación de los trabajadores en las utilidades, mejor conocida como la PTU, y concretar cuales serían los requisitos para aquellas empresas que presten los servicios especializados, y si éstas serían sujetas a previa autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
A todo esto ¿qué implicaciones y alcances tendrá esta reforma de aprobarse como esta propuesta? La respuesta es muy variable, pues se deberá ajustar al tamaño de las empresas, y depende de sus capacidades de reacción, económicas, de conocimiento y no será lo mismo para mi pymes como para grandes empresas, así como tampoco para distintos tipos de actividades. Veamos entonces algunas consideraciones que ya debemos tomar en cuenta.
La principal situación nace cuando hay que trasladar a los trabajadores de la empresa outsourcing a la empresa contratante donde esta la fuente de trabajo, eso ya implica que se deben hacer los registros de alta patronal, con la carga administrativa que representan todos los trámites afines, como registro de la empresa ante las diferentes autoridades, así como las nuevas tareas que demanda el manejo del personal, tales como de recursos humanos, y por lo menos quien realice las cálculos de las nuevas nóminas, y cada mes de los impuestos y de las contribuciones sociales a pagar mediante declaraciones no fáciles de calcular, pasando también por la obligación de los impuestos estatales, que varía según la entidad federativa donde se encuentre cada fuente de trabajo. Otro aspecto administrativo delicado, será la forma legal en que deba terminar la relación laboral entre el trabajador y el outsourcing, así como la contratación con el nuevo empleador, cuidando las formas legales de la Ley Federal del Trabajo, así como la de los sindicatos – cuando la empresa cuente con contrato colectivo – pudiendo también configurarse una sustitución patronal para efectos laborales, y más concretamente para los del Seguro Social/INFONAVIT.
Aunque los efectos administrativos causarán circunstancias económicas, lo realmente preocupante será los efectos financieros que ocasionará para las empresas, lo cual es la razón de la molestia de la iniciativa privada ante tan repentino cambio ocasionado con la propuesta del presidente, pues aunque es innegable que las empresas outsourcing en su mayoría abusaron de las lagunas legales, conduciendo a la elusión y evasión de los impuestos, también lo es que la mayoría de las empresas no están preparadas para un cambio drástico en lo que les implicaría sus flujos financieros teniendo a los trabajadores dentro de sus empresas.
En principio, el costo laboral que debería tener un trabajador, debería ser el mismo tanto en la outsourcing como en la empresa contratante, sin embargo, no es así, y precisamente por la disminución del costo laboral, es que ha ido creciendo el outsourcing, por lo tanto, en la mayoría de los casos, a los empleadores le significará un costo financiero mayor de manera inmediata. Dicho costo financiero mayor lo integra un aumento en el pago de las contribuciones sociales, tales como IMSS (incluyendo el Ahorro para el Retiro), INFONAVIT, así como de Impuesto sobre Nóminas. En segundo lugar, también lo será la PTU al concluir un año de operación, el cual aún esta en análisis para conocer si tendrá un tope máximo, o incluso un cambio en la mecánica de cálculo.
Para el trabajador significará un mayor pago de ISR y de seguridad social, los cuales le son retenidos por su empleador; en el caso del ISR, en diversas ocasiones recibían un salario neto en el outsourcing, por lo que es posible que al trasladarse al nuevo empleador, cambie esta situación y a su salario se le descuente el ISR causado, recibiendo una cantidad neta menor.
Como conclusión, las empresas de todo tipo y tamaños, ya debieron haber iniciado la transición de sus trabajadores y haber realizado los cálculos para conocer el impacto que tendrá esta iniciativa de reforma, pues en todos los casos, implicarán un mayor deseembolso de impuestos y contribuciones sociales. Es sin lugar a dudas, una iniciativa que impactará las finanzas más allá de lo que ya ha impactado la pandemia Covid, llegando en un mal momento para el empresariado mexicano.
Dr. Adrián Gómez Oyanguren