Chetumal, 18 de mayo .- La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para defender al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán ante los daños que, suponen, ocasionaría el megaproyecto “Tren Maya”.
En un comunicado, dicha asamblea pidió proteger ese acuífero, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, garantiza un medio ambiente sano y el desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la península.
La solicitud fue presentada, debido a que el inicio de la construcción del megaproyecto “Tren Maya” amenaza, según los inconformes, con recrudecer la ya “vulnerable situación ambiental del “sistema de cenotes, puesto que desde el pasado el Estado Mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas”.
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Las organizaciones expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos.
Ello, añadió, además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.
Agregó que “estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del megaproyecto Tren Maya, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta una alza del arribo de tres a cuatro millones de turistas a la región por año.
Subrayaron que el megaproyecto “Tren Maya” se prepara en un contexto regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de los bienes comunes de los territorios indígenas y campesinos de la Península de Yucatán.
Asimismo, prevén que la construcción e implementación de este megaproyecto agudizaría y aumentaría estos conflictos debido a que supone el desarrollo de nuevos grandes proyectos en distintos sectores económicos (turismo, agroindustria, energía, transporte, etc.) con impactos negativos, y en muchas ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente y el sistema de cenotes.
En su solicitud, las organizaciones manifestaron que el Estado Mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública. Aún así, enfatizó, dio inicio a la construcción del megaproyecto.
Los inconformes expresaron que el arranque del megaproyecto ocurre en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron haber hecho pública la intención “irresponsable” de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esta obligación.
El texto añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación que tienen los estados de realizar estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales.
También ha dicho que existe esta obligación frente a proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente, como el que suponen que el Tren Maya causaría.
La Corte, recordó, ha reconocido reiteradamente que, para todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con distintas salvaguardas, entre ellas el realizar un estudio previo de impacto ambiental y social.
Para que la presente y futuras generaciones de la población de la Península de Yucatán puedan ejercer todos los derechos que el sistema de cenotes les permite gozar, como el agua y un medio ambiente sano, las organizaciones solicitaron a la CIDH ordenar al Estado Mexicano que aplicando el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de la construcción y ejecución del “Tren Maya”.
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Asimismo, que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría ese megaproyecto en el sistema de cenotes de la Península de Yucatán y que adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardarlo frente a las amenazas y riesgos presentes.
También pidió a la CIDH otorgar las medidas cautelares solicitadas, dado que “el megaproyecto continúa sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre”.
“Las medidas cautelares también contribuirían al despliegue efectivo de la aplicación del principio precautorio, consolidando la protección medioambiental que requiere la región”, añadió.
“Sin los cenotes no hay posibilidad de tener territorio maya, ni tampoco acceso al agua. Si se contamina el agua de los cenotes también se ve afectada la vegetación, así como la fauna que necesita de sus aguas para la vida.
“Así, la destrucción y la contaminación sistemática a los cenotes en la Península de Yucatán es una amenaza para nuestra vida como pueblo indígena maya. Para defender la existencia misma de nuestros territorios necesitamos defender el sistema de cenotes de la Península de Yucatán del cual se sostienen”, subrayaron.
Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH ordene las medidas cautelares para que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya”, que, según ellas, pondría en riesgo el futuro ambiental de la región de la Península de Yucatán y de las comunidades mayas, por los daños irreparables ocasionados al territorio, al sistema de cenotes y a los derechos al agua y al medio ambiente sano, y a todas las demás garantías que se desprenden de este último, concluyeron.
