Dos grandes problemas que se presentan para la tributación son, por un lado, entender cómo se determinan los impuestos y, por otro, presentar las declaraciones y su pago.
Sin duda, en los últimos años las autoridades fiscales han dado pasos importantes para facilitar al contribuyente el cálculo, presentación y pago respectivo; se han digitalizado los procedimientos y para diversos tipos de contribuyentes ya es más fácil encontrar en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT) precargada su información de ingresos y deducciones, así como el impuesto que le corresponde. Si no tiene objeciones a la misma, la acepta y cumple su obligación.
Eso no sucede con todos los contribuyentes, menos con los grandes, que son los que más aportan tributariamente, pero si de verdad el país aspira a recaudar los ingresos que realmente debería obtener, debe trabajar en automatizar aún más el procedimiento completo, por lo menos para el Impuesto sobre la Renta, principal gravamen en México.
El reto no es pequeño, pero tampoco utópico. Para muestra, ya se ha dado un buen paso con la entrada en vigor del nuevo régimen simplificado de confianza, que podría alcanzar a un gran porcentaje de contribuyentes y que inicien a tributar y aportar al país aquellos que nunca han tributado, o bien, que alguna vez lo dejaron de hacer por la complejidad misma.
El régimen simplificado de confianza, dicho sea de paso, sí es simplificado, pero la palabra confianza es más una ocurrencia simpática que un vocablo que aluda adecuadamente al régimen o al tipo de contribuyente que lo pudiera acoger.
Este régimen sí nos implica pensar que su procedimiento se pudiera automatizar de tal manera que para el contribuyente sea automático tributar y para la autoridad, al mismo tiempo, sea automático recaudar y así formar una familia mexicana feliz.
Automatizar, para efecto del presente artículo, se refiere a que cualquier contribuyente que al momento de estar realizando sus operaciones comerciales o de cualquier tipo, automáticamente esté pagando también los impuestos relacionados, sin necesidad de ningún procedimiento adicional.
Para lograr esta automatización se deben hacer reformas en las leyes fiscales y se tienen que adecuar los sistemas informáticos, pero, sobre todo, se tiene que involucrar a las instituciones financieras para que sean el vehículo de retención de los impuestos y que éstos sean depositados en las cuentas de la autoridad, lo cual, con el abrogado Impuesto a los Depósitos en Efectivo, ya se ha probado.
De esa forma, si un contribuyente realiza una operación comercial y emite su Certificado Fiscal Digital por Internet (CFDI) al cliente y éste le deposita en su cuenta bancaria, debería ser suficiente para que el contribuyente considere que cumplió sus obligaciones fiscales, sin necesidad de llevar contabilidad, ni de presentar declaraciones adicionales u otro procedimiento adicional, puesto que su institución bancaria ya se hizo cargo de pagar su impuesto respectivo previamente retenido.
Cada día se observa que, en diversas actividades, los procesos se van digitalizando. Es el caso del comercio electrónico, que avanza y crece en México, por tanto, las autoridades gubernamentales deberían estar al menos al mismo paso para crear las condiciones regulatorias que permitan al contribuyente facilidades de crecimiento, pero, sobre todo, como se ha dicho, que agilice sus procesos administrativos para que la tributación sea algo de lo que el contribuyente no se deba preocupar, más aún cuando a quien más le debe preocupar es a la misma autoridad que requiere los recursos para el oportuno manejo del país, generando así un círculo virtuoso en el que todos salen ganando.
