En un entorno de economía globalizada, las políticas fiscales, en conjunto con otras, juegan un papel determinante en el desempeño económico de cada país y, a su vez, que los ingresos tributarios forman parte esencial para atender las necesidades de la nación y de los objetivos de crecimiento para el bienestar de sus ciudadanos. Consecuentemente, el tratamiento de la política fiscal no solo debe analizarse desde el interior del país, sino que debe evaluar las perspectivas y cambios que otros países experimentan para ser más competitivos, sobre todo en relación con los con los que México tiene relación comercial o representan una competencia directa con las actividades que desarrollan mexicanos.
Sin duda, la política fiscal para un año o un periodo, es crucial para atender esas necesidades primordiales y para lograr los objetivos complejos y amplios en un corto y mediano plazo.
De acuerdo a la Tax Foundation, organismo internacional y sin fines de lucro que evalúa anualmente el avance de los países en cuanto a las mejoras de la competitivad fiscal, México descendió dos lugares en el ranking de 36 países. En 2019 se situó en el 29 y en este 2020 pasó a un deshonroso lugar 31, ocupando así uno de los últimos seis.
Para determinar el lugar, la fundación emplea una metodología de medición que toma en cuenta los impuestos que aplica cada país. Uno de los puntos de medición, es el número de horas que emplean los contribuyentes en calcular y pagar sus impuestos, y en México se estima que toma 100 horas determinar el Impuesto Sobre la Renta (empresas y/o personas físicas) y otro tanto por el Impuesto al Valor Agregado (impuesto al consumo).
Otro aspecto relevante de medición en el que se tiene desventaja es la tasa del impuesto a las empresas, que es del 30%, de las más elevadas, dato que el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es del 23%. Aún más, no solamente se invierten muchas horas para determinar el impuesto, sino que también intervienen el desconocimiento de las leyes fiscales y la alta complejidad de entendimiento y aplicabilidad que reviste cada una, adicionado con el aumento permanente de obligaciones de formalidad que deben cubrir, como los soportes documentales de cada una de sus operaciones, aspecto en el que México ocupa el penúltimo lugar de la lista.
Lo preocupante es que no se ve ninguna tendencia a mejorar ese aspecto, todo lo contrario, pues con las reformas legislativas de cada año y las resoluciones de los tribunales fiscales, cada vez es más excesiva la cantidad de formalidades que deben cubrir los contribuyentes para considerar que están cumpliendo en forma correcta.
Entre los aspectos que se consideran a favor de México están, por un lado, la tasa del Impuesto Sobre la Renta personal sobre los dividendos, que es del 17.1%, por debajo del promedio de la OCDE de 23.9% y, por otro lado, que las empresas pueden deducir el impuesto pagado sobre la propiedad (predial), aunque esto último no es un gran aliciente, toda vez que la tasa predial es relativamente baja y solo aplica para aquellas que son propietarias.
En México, el presidente se comprometió a no aumentar los impuestos durante su administración, y a casi tres años de gobierno, prácticamente lo ha cumplido, salvo por algunos cambios que no podrían considerarse un incremento relevante, lo cual, aunque ha ayudado a que no sea peor la evaluación de la competitividad fiscal, tampoco son medidas suficientes para mejorar la posición, pero, sobre todo, para convertir al país en un destino más atractivo para la inversión, el intercambio de negocios y, consecuentemente, mejorar las condiciones económicas de México y los ciudadanos.
El entorno de la pandemia y su afectación a la economía hace imposible diseñar políticas económicas que conlleven a tomar medidas de mayor competitividad, como disminución de tasas, mayores deducciones u otorgar facilidades que redunden en la economía de los contribuyentes; todo lo contrario, las recientes reformas fiscales aplicables para el 2020 solo tienen medidas tendentes al incremento de los ingresos tributarios, al otorgar más facultades para la fiscalización de los contribuyentes, y ya se ha anunciado que se incrementarán los actos de fiscalización, maquillado un tanto hacia los contribuyentes que evaden mediante esquemas agresivos o prácticas directas de evasión, denominadas factureras.
Debido a lo anteriormente expuesto, se visualiza que en los años inmediatos siguientes, prácticamente no habría posibilidad de mejorar en el ranking de la competitividad fiscal internacional, aunado a la ideología política del presidente actual, es decir, a las políticas implementadas, enfocadas a un destino fundamentalmente de corte social mediante programas dirigidos a sectores vulnerables, pero sin ninguna otra medida de política fiscal que las soporte y busque un equilibrio, como estímulos a los sectores de la producción o de atracción de inversión extranjera, entre otras.
Dr. Adrián Gómez Oyanguren.
Doctor en Ciencias de lo Fiscal
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