Segunda parte
Por: Dr. Adrián Gómez Oyanguren
En la edición anterior expuse la obligación de contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos, lo que en México requiere cálculos complejos y de muy diversa índole, según el tipo de actividad que desarrolle el ciudadano contribuyente, y comenté que hay países que simplificaron considerablemente el cálculo de la carga tributaria, haciendo más fácil, ágil y eficiente el cumplimiento.
Esa simplificación se basa en la aplicación de una tasa única sobre cualquier ingreso recibido, lo que se conoce internacionalmente como flat tax. Las tasas aplicables varían de país a país, pero el común denominador es que son fáciles de calcular y pagar.
En México eso aún parece algo no muy cercano, pues en el panorama a corto plazo no hay iniciativas, sobre todo porque se requieren estudios serios antes de su implementación, al igual que un periodo de transición para su ejecución, debido a que un fallo en el procedimiento pondría en serios problemas a la recaudación tributaria y, consecuentemente, a las finanzas públicas del país.
Ya hubo alguna propuesta legislativa, pero no tuvo ni difusión ni ánimo por el costo político que podría representar y están vigentes regímenes fiscales que aplican tasas únicas y en cantidades reducidas a sectores que no necesariamente representan un ingreso relevante en la recaudación. También tuvimos, y desaparecieron, regímenes con los que se intentó llegar a una importante simplificación, pero se aplicaron en procedimientos supuestamente transitorios y sólo generaron una complicación adicional a los contribuyentes.
Sin embargo, no hay que claudicar en el objetivo de implementar una base de tributación sencilla en función de una tasa única; por el contrario, debería ser punta de lanza para lograrlo más rápidamente, tomando en consideración los errores en los que se incurrió, corregir lo que no se hizo adecuadamente y continuar con lo que sí funcionó.
Estoy convencido de que puede implementarse inicialmente en forma opcional para cierto tipo de actividades de personas físicas y, más adelante, en todas las actividades de la economía.
A continuación, describo en forma resumida, las características que se podrían implementar en México, estando seguro que serían acogidas de buena manera por un gran número de contribuyentes.
El procedimiento parte de considerar que a cualquier tipo de ingreso que reciba una persona, sin deducciones ni requisitos especiales, se le aplique una tasa única de ISR, que podría ser, solo como ejemplo, del 8. De esa forma, en principio, el contribuyente siempre sabría, con una simple operación aritmética, el monto del ISR que deberá pagar.
Otro elemento sería que el cálculo se haga por los ingresos de cada mes y mediante la presentación de una sencilla declaración mensual, sin necesidad de presentar otra anual, siendo definitivos cada uno de sus pagos mensuales.
Ahora bien, otra forma en que el contribuyente se puede liberar de presentar la declaración y pago mensual es, como alguna vez operó, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, con el cual la institución financiera realizaba la retención del impuesto sobre los depósitos que recibía el contribuyente en su cuenta bancaria y la enteraba cada mes a la autoridad fiscal.
De manera muy similar, las instituciones financieras podrían asumir ese rol de retenedor y pagador por cuenta del contribuyente, de tal forma que quienes perciban ingresos por medios bancarios ya no tendrían la obligación de presentar declaración y pago adicional, pues la institución lo habrá realizado por su cuenta, liberando a muchos contribuyentes y reduciendo a cero la obligación de presentar declaraciones.
Desde luego, en un país como México, donde aún muchas transacciones son pagadas con efectivo, implicaría que otros contribuyentes debieran presentar esa declaración y pago mensual; sin embargo, como se comenta, tampoco representaría una carga seria para esos contribuyentes. Incluso, una medida como esta, podría causar la disminución del uso de dinero en billetes y monedas y, consecuentemente, de actividades ilícitas y/o la facilidad de ubicar las fuentes de ciudadanos con prácticas perjudiciales para la sociedad.
De lo anterior, se desprenden varias inquietudes legales para una adecuada implementación, pero todas pueden ser llevadas a buen puerto por un camino jurídico correcto, con el único objetivo de que calcular y contribuir con impuestos al país sea algo tan simple y sencillo como respirar.