La aprobación en fast track de 17 iniciativas de reforma en México ha generado fuertes críticas por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Según los organismos empresariales, el Congreso violó el proceso legislativo al no incluir el diálogo y la participación de todas las fuerzas políticas, lo que podría tener un impacto negativo en la economía mexicana y en la atracción de inversiones extranjeras en un momento en que el país busca consolidar nuevas empresas a través del proceso de nearshoring.
El CCE había solicitado previamente al Congreso que se consensuara la aprobación de estas reformas para evitar mayores impactos a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y para generar certidumbre en el desarrollo y la competitividad del país. Sin embargo, los organismos empresariales rechazaron que en los últimos días no se respetara el proceso legislativo y no se incluyera el diálogo y la participación de todas las fuerzas políticas para alcanzar un consenso en temas de trascendencia nacional.
En particular, la reforma a la ley minera ha generado preocupación por su posible impacto negativo en la atracción de inversión y la competitividad del país, mientras que la reforma a la ley de ciencia y tecnología podría tener implicaciones en el avance y desarrollo de las comunidades académicas y la innovación en México. Además, la preferencia otorgada al Estado sobre el sector privado y los cambios incluidos podrían generar conflictos potenciales con el T-MEC y los socios comerciales de México en América del Norte.
Es necesario que el Congreso mexicano reflexione sobre el impacto de las reformas aprobadas en fast track y se asegure de que se incluya el diálogo y la participación de todas las fuerzas políticas en el proceso legislativo. De lo contrario, México podría perder oportunidades clave para atraer inversiones extranjeras y para consolidar su posición en el mercado global.
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